MORELIA, Mich., 10 de enero de 2012.- En Michoacán los derechos humanos tendrán muy pronto rango constitucional, una vez que la reciente reforma aprobada por el Congreso del Estado sea valorada por los municipios de la entidad y se remita al Ejecutivo estatal para su promulgación.
Aunque hace unos días pasó desapercibida ante el cúmulo de temas noticios, la mencionada reforma a la Constitución Política de Michoacán, dictaminada por las comisiones de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales fue aprobada por el pleno de la71 Legislatura local el pasado 5 de enero.
El proyecto derivó de las iniativas previamente presentadas el 6 de julio de 2011 por el entonces diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Carlos Campos Ponce, así como el 11 de julio del mismo año por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Samuel Arturo Navarro Sánchez; y, el 20 de septiembre, también de 2011, por la también priísta, Guadalupe Calderón Medina.
Las comisiones de dictamen señalaron que la reforma resulta de gran relevancia, al reconocer y elevar a rango constitucional los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, y de esta manera se fortalece la obligación de todo órgano del Estado de reconocer y respetar dichos derechos.
Asimismo, consideraron que con la misma se da cumplimiento a lo que ordena la reforma a la Constitución General de la República desde el 10 de junio de 2011, fecha en la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en materia de derechos humanos, por lo que es necesario hacer las modificaciones correspondientes al marco constitucional local para homologar el contenido en lo que compete a las entidades federativas.
De ser aprobada por la mitad más uno de los municipios del estado, la Constitución Política de Michoacán contendrá ahora un Capítulo I denominado "De los derechos humanos y sus garantías", en lugar de la denominación actual "De las garantías individuales y sociales", con lo que se reconocerá el rango constitucional de los derechos humanos.
Lo anterior, aseguraron las comisiones de dictamen, constituye un avance importante en materia de los derechos naturales del hombre, pero también separa los derechos y las garantías, cuyo contenido es diverso.
De la misma forma, es materia de la homologación la obligación de toda autoridad a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, por lo que todo servidor público deberá priorizar su observancia y respeto, sin importar su condición, origen, creencia o preferencia. En consecuencia, el poder público deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Además, los servidores públicos tendrán la obligación de responder las recomendaciones que le formule la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y para el caso de que estas recomendaciones no sean acatadas o cumplidas, el funcionario público habrá de fundar y motivar su negativa, además de hacer públicas las razones del porqué rechaza la recomendación.
Otra de las novedades que contempla la reforma constitucional es que el Congreso del Estado tendrá la facultad de llamar a cuentas al servidor público que no cumplió la recomendación; con esta atribución se fortalece el respeto y la observancia de los derechos humanos, dando prioridad al ciudadano frente a los abusos de autoridad, prevaleciendo la protección y el respeto a sus derechos.
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